By Ernesto López Portillo for Animal Político. Debería estar perfectamente claro que el debate nacional sobre el uso de la mariguana puede y debe discutir los mejores caminos para transitar de un paradigma de política pública prohibicionista a otro de corte regulatorio. Debería estar fuera de duda que ese debate no puede poner a discusión el derecho al uso de esa droga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció. Debería entenderse que al poder ejecutivo no le alcanzan las atribuciones para deliberar sobre la validez de una decisión del más alto tribunal que reconoce un derecho.

Cuando fui invitado a participar en el debate nacional mencionado partí de ese supuesto. No iba yo a discutir el derecho a usar la mariguana, como no lo puede hacer nadie; más bien iba a contribuir con criterios de análisis para la toma de decisiones encaminadas hacia una política pública fundada precisamente en ese derecho. Quien entiende y aprecia el valor de los derechos humanos sabe que su fundamento esencial está en su indisponibilidad. De ahí la enorme relevancia de la reforma constitucional del 2011, misma que clarificó la jerarquía superior de los derechos humanos en el desempeño de todas las autoridades. El derecho al uso de la mariguana y sus límites han sido reconocidos por la Corte, justamente inspirada en aquella reforma. La tarea del poder ejecutivo es, en todo caso, promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, en fiel atención al tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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