By Armando Santacruz for Mexican Times. La semana pasada terminaron las audiencias públicas sobre alternativas de regulación de la mariguana que organizó el Congreso de la Unión. El debate fue plural y diverso e integró las voces de expertos en salud, seguridad, economía, políticas públicas e incluso, de quienes buscan acceder a la mariguana con fines medicinales. Su objetivo: proveer información a las y los legisladores para poder responder a la declaratoria de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sobre la prohibición de la mariguana a raíz del caso SMART.

A diferencia de otros debates, pasados y presentes, tanto la existencia del paradigmático fallo de la Corte como la responsabilidad de discutir sobre la base de políticas alternativas (y no de prejuicios existentes) fueron elementos clave para que el Congreso mexicano se decidiera a procurar una legislación distinta, que resuelva el hecho de que la prohibición actual del cannabis atenta contra los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Si a esto sumamos el hecho de que cada vez son más las evidencias sobre el fracaso de las políticas actuales (para evitar el abuso de las drogas y los cada vez más altos costos económicos y sociales derivados de la prohibición), el siguiente paso lógico es regular. ¿Pero cómo?

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