By Juan Carlos Garzón-Vergara for the Frederich Eberth Stiftung. En América Latina la relación entre la violencia, el crimen y las drogas ha tenido gran influencia en las políticas de seguridad. Si se acepta que el uso de drogas está asociado a conductas delictivas y si el tráfico es inherentemente violento, parece lógico que la supresión de este mercado ilícito –mediante la prohibición o la regulación– contribuiría a reducir el crimen y a disminuir sustancialmente las altas cifras de violencia letal. Para unos, abandonar la prohibición representaría un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos; para otros, regular los mercados sería la solución a los problemas de inseguridad. Unos ven las reformas a la política de drogas como una amenaza, los otros las señalan como el único camino.

Estas posiciones han generado un falso dilema entre la seguridad de los ciudadanos –y aferrarse al modelo prohibicionista– o cambiar la política de drogas –y “ceder” frente al crimen–. Esta errada contraposición no solo ha polarizado el debate, sino que ha generado inmovilidad en las respuestas y hecho aún más lenta la capacidad de adaptación del estado. Este artículo cuestiona estas narrativas a partir de la evidencia disponible, identifica las posiciones preponderantes en el debate actual –sus aciertos y desatinos–, así como las opciones de política pública, con sus ventajas, desafíos e incertidumbres.

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