By  for Presunción de Inocencia. El papel de México en la política global de drogas ha sido asombrosamente proactivo a lo largo de los años. Desde 1993 la postura del gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue de preocupación, declarando que frente al incremento del consumo y las organizaciones criminales se imponía una reflexión internacional.

Pretendía que la atención se focalizara en la demanda, porque «el consumo de drogas es la fuerza que genera la producción y el tráfico de drogas, por lo que la reducción en la demanda sería la radical solución al problema». Además, criticaba las operaciones en su territorio y el mecanismo estadounidense unilateral de fiscalización.

Hizo notar también que un frente unificado contra las adicciones y el tráfico de drogas solo prosperaría si se fundaba en la buena voluntad, los principios legales, la voluntad política, la cooperación y el reconocimiento de la identidad única de cada país, así como el respeto a sus derechos soberanos.

Tiempo después, en 2012, el gobierno mexicano propuso que el tema se abordara reconociendo la violencia y sus consecuencias nocivas para la salud, la economía, los derechos humanos y la impartición de justicia, y con Guatemala y Colombia —secundados por otros 93 países— logró que se incluyera en la Resolución Ómnibus anual sobre política de drogas una disposición para asegurar la reunión en 2016.

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