By Juan Gabriel Tokatlian for La Nación. Después de las PASO, el hoy presidente electo Mauricio Macri hizo públicos varios programas específicos, entre ellos, el plan “Terminar con el Narcotráfico”. Ahora que Cambiemos ha triunfado parece pertinente hacer un análisis más detallado de esa iniciativa. Se trata sin duda de una aproximación elaborada y no de una idea improvisada. No se encuadra en la lógica militante de la “guerra contra las drogas”, con su epicentro en la militarización del combate contra los narcóticos, pero tampoco sugiere una racionalidad alternativa a la prohibición.

El plan adolece de cierto carácter efectista al plantear que “el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad”. Se sabe que la mayor fuente de inseguridad es la desigualdad y su ampliación, tal como han mostrado innumerables estudios mundiales sobre la relación desigualdad-criminalidad. A su vez, tiene una meta maximalista: “derrotar al narcotráfico”. Ahora en Occidente se habla de la necesidad de contener y revertir el fenómeno de las drogas porque, como dijo Henry Barrett Chamberlin, responsable de la Chicago Crime Commission en la década del 30, “el crimen organizado nunca será eliminado, pero sí puede ser minimizado y controlado”.

El plan se propone metas ambiciosas: “reducir los homicidios un 20% y la oferta de paco en un 70% y de cocaína y drogas duras en un 50% en el primer año de gestión”. Un objetivo más ponderado y gradual, en porcentaje y tiempo, pareciera ser más realista. Se plantean dos consideraciones clave: primero, las consecuencias nocivas del consumo del paco, y segundo, el efecto corruptor del narcotráfico en “políticos, policías, jueces y funcionarios”. El primer fundamento es importante: según el Sedronar, la prevalencia en el consumo de paco pasó de ser del 0,2% de la población en 2010 a 0,4% en 2014. Y sin duda, afecta severamente a sectores juveniles y pobres. Esta preocupación muestra una oportuna sensibilidad social. El segundo fundamento parece más declarativo que sustantivo. Las propuestas del plan no parecen dirigirse prioritariamente a frenar el entramado de policías, políticos y pandillas que configuran la “Triple P” de nuestro narcotráfico.

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