By Ricardo Silva for El País de España. Nadie ha dado la buena noticia de la legalización de la droga, nadie. Se ha hablado apenas de un responsable decreto del Gobierno que —aquí en Colombia: ni más ni menos— reglamenta tanto la producción como el uso de la marihuana con fines medicinales. Pero tal como ha ocurrido con otros temas de salud pública, desde el aborto que salva vidas hasta la eutanasia que remedia dolores inútiles, el procurador Ordóñez (ese bíblico investigador de lo público conocido por vigilar con criterios lefebvristas a los funcionarios aterrados) ha emprendido una patética campaña de desinformación en la que afirma que —como la suspensión de fumigaciones con glifosato— esta propuesta gubernamental hace parte de “una política pública” que busca debilitar la gringuísima guerra contra las drogas: “Tendremos que ver qué perlas encontramos en ese decreto”, declaró el olfato politiquero de ese guardián de su mundo que desde el principio ha militado en dos morales.

Quiere que se despierte la “integridad” de antes de Cristo que se despierta en estos casos. Pretende que siga la guerra de siempre: la versión de los hechos contra los hechos. Pero lo que de verdad consigue es que se les siga dando la espalda a todas las víctimas del prohibicionismo.

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