By Rodrigo Vera for Proceso. La criminalización que de facto existe en México hacia los usuarios de sustancias ilícitas favorece su marginación y la transgresión de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la autonomía, a la no discriminación, a la salud, a la información y al debido proceso”, señala El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México, investigación elaborada por Catalina Pérez Correa y Karen Silva Mora.

Agrega que esa criminalización “significa también el gasto de recursos institucionales para el procesamiento penal” de los consumidores.

Publicada el año pasado y auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la investigación se sustenta principalmente en estadísticas de diversas dependencias públicas del sector salud y del ámbito de procuración de justicia.

De entrada presenta un panorama global sobre el consumo de drogas ilícitas en el país.

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