By Javier Ortega for El Comercio. En el bloque de Alianza País no se define todavía el mecanismo legal para enfrentar el fenómeno del microtráfico. Los desacuerdos internos provocaron que se suspendiera por tercera vez la votación de la denominada Ley de Drogas.

Por un lado, hay legisladores oficialistas que se oponen al endurecimiento de las penas y a la prisión preventiva para los sospechosos que portan cantidades mínimas de narcóticos. Otros, en cambio, apoyan la tesis del Ejecutivo y piden que se envíe a la cárcel a los traficantes de pequeñas dosis.

Los roces fueron evidentes ayer. De forma sorpresiva, se comunicó la suspensión de la sesión. Luego, el bloque de País se reunió a puerta cerrada y 45 minutos después aparecieron los primeros legisladores. Uno de ellos fue Mauro Andino. Él no está de acuerdo con endurecer las penas ni establecer prisión preventiva. Y cree que los cambios que fijó el Consep y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) son suficientes para combatir la venta de drogas en barrios y colegios.

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